--- [BeBestFan] 
Durante décadas, una parte del sector de la programación de conciertos ha vivido en una cómoda ambigüedad (ojo, con la total permisividad y falta de rigor y ética por parte de las Administraciones que lo han permitido). Lo de “tú pásame una factura y listo” se mira hacia otro lado ante la falta de contratos y se permite que bandas contratadas se escuden tras la figura de una “asociación cultural sin ánimo de lucro” para facturar actuaciones comerciales que, en la práctica, son contrataciones laborales puras y duras. Como las llama un amigo músico “Asociaciones Sinónimo de Lucro”.
Otra película más sangrante es la de los conciertos de pequeño formato en bares donde ahí no hay formato legal alguno. El páramo de la alegalidad donde se convierte a los músicos en “sobre-cogedores” tras la actuación.
Basta ya. Este mirar para otro lado no solo precariza a los músicos; destruye la industria desde dentro y perpetúa el fraude en la contratación artística.
En cualquier otro sector económico, la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) es una obligación inapelable. Un promotor es responsable legal de verificar que cada profesional que sube a su escenario cumple con la normativa laboral y fiscal. Punto. Es como si para el promotor o las Administraciones, fuera básico que el camarero, montador o administrativo estén dados de alta en la Seguridad Social y con contrato en vigor, pero al músico que le den.
Es hora de exigir a las salas, festivales y organismos públicos el mismo nivel de responsabilidad que se le exige a cualquier otra industria:
- Verificación de profesionalidad: Ya no basta con pedir una factura genérica. El programador debe exigir la acreditación de que los músicos que suben al escenario están dados de alta en el régimen correspondiente y respaldados por una estructura legal válida.
- Fin de las falsas asociaciones: Utilizar fórmulas asociativas sin ánimo de lucro para camuflar la actividad económica de un grupo profesional es fraude. Los promotores que lo alimentan para abaratar costes son cómplices del estancamiento del sector. Incluso, habría que mirar las implicaciones fiscales, porque muchas de esas asociaciones culturales tienen exención de IVA.
- Licitud y seguridad jurídica: Promover la cultura no es organizar eventos al margen de la ley. Un circuito de directo sano exige que el organizador responda por la prevención de riesgos, la cotización de los artistas y la transparencia de las contrataciones.
El cambio no vendrá solo de los músicos; vendrá cuando los compradores de música en vivo entiendan que contratar legalidad es proteger su propio negocio y dignificar el arte que venden al público.
Antes de la pandemia me tomaba un café con uno de esos músicos que han aparecido en las giras de los mayores artistas de España e Hispanoamérica desde los años setenta. Me reconocía que, después de una carrera de 40 años como músico, tendría cotizados apenas ocho años y que su pensión futura estaba garantizada, no por la Seguridad Social al no haber cotizado lo suficiente, sino por los derechos de autor de todas las canciones que había compuesto para grandes artistas de este país.
Este es un problema real que tiene España. Y que no me vengan con el discurso de que se quieren poner trabas a la cultura popular o que se busca la mercantilización de la cultura. Ese discurso, junto al de la gratuidad de la cultura, ha permitido que la ilegalidad y la precariedad se haya instalado en el sector cultural. Los artistas son trabajadores de su propia actividad y como trabajadores deben tener derechos, responsabilidades y cobrar por su trabajo.
Sin cumplimiento no hay industria. Sin industria no hay futuro.
Seamos dueños de lo que amamos.
